San José, 12 de mayo (Elmundo.cr) – La portavoz de la fracción del Frente ancho, Rocío Alfaro, se refirió a la situación actual que enfrenta el Consejo de la Administración del Puerto y el Desarrollo Económico de Representaciones del Atlántico (Japdeva) y el Instituto de Seguros (INS) costarricense. En su discurso, Alfaro expresó una serie de preocupaciones sobre la gestión de estos organismos, señalando específicamente cómo están afectando a la población local y a los trabajadores involucrados.

Alfaro indicó que “en el caso del INS y el Mas Sestidal otorgado, se ha dado de alta a personal altamente calificado, quienes poseen excelentes evaluaciones. Esto significa que no se trata de empleados deficientes o ineficaces; al contrario, son profesionales competentes que están siendo injustamente despedidos.” Esta afirmación resalta una crítica a las decisiones tomadas por las direcciones de estas instituciones, que parecen priorizar otros intereses sobre el bienestar de los trabajadores.

La legisladora mencionó que, a pesar de la importancia de los estudios técnicos que justifican tales decisiones, la respuesta del INS a su oficina fue prácticamente un simple recopilar de la carta de alta enviada a los trabajadores. “Primero, se les despide como si fueran parte de una empresa privada, y segundo, se argumenta que están haciendo una adaptación normal a las nuevas tecnologías, aunque esto signifique despedir a personas que son precisamente capacitadoras y entrenadores en las distintas áreas que requieren esas tecnologías”, manifestó la diputada.

En su análisis, la diputada también hizo eco de la decepción del pueblo de Limón, que, según ella, “está siendo sistemáticamente engañado con proyectos que no son más que promesas vacías.” En su opinión, la población debería estar plenamente consciente del costo que implica cada movimiento que se toma para debilitar a Japdeva. Según un análisis realizado por la ARP, se mencionó que Japdeva cobraba una tarifa de almacenamiento de $9.85 por tonelada métrica por día. Sin embargo, parece que la nueva administración del puerto, sin realizar un estudio técnico transparente, redujo dicha tarifa a $0.90 por tonelada por día, permitiendo tres días de gracia para el almacenamiento, cuando anteriormente esos días eran ocho.

Alfaro tomó un tono crítico al afirmar: “Dan el trabajo, dan la infraestructura, proporcionan los servicios“, resaltando la importancia de estos servicios para la comunidad. La diputada subrayó que, dada la incapacidad de eliminar a Japdeva, es evidente que la institución ha sido crucial para el desarrollo de la provincia de Limón. Ella señaló que esta precarización del empleo y otros problemas económicos son consecuencias directas del desprecio que ha mostrado el gobierno hacia esta institución.

En su discurso, concluyó con una cavilación sobre la falta de recursos que ha resultado de estas decisiones. “Este gobierno continúa a través del desmantelamiento y la reducción de servicios, desmantelamiento para que el estado no tenga los recursos para hacer inversión social. Así, parece que están buscando crear un estado de ira entre la población de Limón, ya que los están dejando sin recursos para satisfacer sus necesidades más básicas”, finalizó con un tono de preocupación por el futuro de la comunidad.