Este miércoles, un nuevo veto del presidente de la República, Rodrigo Chaves, fue presentado ante la Asamblea Legislativa, generando un amplio debate en el ámbito político. Este veto se relaciona con un proyecto que se desarrolló bajo el documento 24,495, el cual busca extender las pautas para la implementación de ataques judiciales en el país.
El proceso legislativo conocido como “segundo debate” tuvo lugar el 29 de abril, y la decisión sobre el veto se tomó el 9 de mayo, cumpliendo con el plazo de diez días establecido por la constitución política.
El presidente Chaves, al ejercer su derecho de veto, se ampara en los poderes que se otorgan según lo estipulado en el Artículo 125 de la carta magna del país. En este contexto, se generan diversos motivos para justificar su decisión.
Monserrat Ruiz, proponente del proyecto desde una perspectiva de libertad nacional, argumenta que «esto implica una enmienda del procedimiento importante». Esta enmienda tiene implicaciones significativas sobre el ámbito judicial, sugiriendo que modifica el acceso a la justicia en situaciones específicas.
Adicionalmente, el presidente de CASA enfatizó que hay preocupaciones sobre la afectación del derecho constitucional a la privacidad del domicilio legal. También se mencionaron otros principios constitucionales que podrían verse comprometidos si las reformas se implementan tal como están redactadas.
Desde varios sectores se argumenta que el texto vetado genera incertidumbre. «El texto en cuestión apoya los ataques judiciales en cualquier momento del día y del año, pero también estipula que es necesario justificar la emergencia que lo requiera. ¿Por qué si la autorización generalmente se otorga se establece una condición especial para aplicarla?» cuestionan.
Esta situación provoca una incertidumbre considerable en el ámbito legal. Los abogados enfrentan el dilema de operar bajo esta nueva normativa, que a su vez, podría resultar en una eventual invalidación de la ley y, por ende, de todas las pruebas recogidas durante esos procedimientos inusuales y potencialmente arbitrarios.
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La tarea
El proyecto, que ha sido aprobado en dos ocasiones, busca reformar el Artículo 193 del Código Penal en relación con los casos penales. Específicamente, se propone que:
«193.
El texto también prescribe que el proceso para obtener una orden de búsqueda debe ser más acelerado. Así, cuando se solicita una orden, el juez tiene plazos específicos para dictar su resolución. En casos de procesamiento normal, el máximo es de tres días calendario, mientras que en situaciones de crimen organizado o procesos complejos, el plazo se extiende hasta cinco días calendario.
Por ahora, los ataques solamente pueden ejecutarse entre las 6 a.m. y las 6 p.m., y están prohibidos durante festivales y días festivos, lo que limita considerablemente las opciones para la fiscalía.
A pesar de las controversias, el proyecto recibió el apoyo de 34 suplentes, aunque muchos de los representantes de la clase pública votaron en contra, reflejando la división de opiniones en la Asamblea.
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Monserrat Ruíz, Diputado PLN, presentó el proyecto. (Asamblea legislativa)
Cuatro veto
Con este último veto, ya son cuatro los vetos ejercidos por el presidente Rodrigo Chaves en el año 2025. Entre ellos, destacan dos de gran relevancia: el primero se refiere a los vuelos de bajo costo a América Central, que incluyeron un aumento de $100 en el precio de los boletos de las aerolíneas en viajes de ida y vuelta, y el segundo establece una fecha límite para el control de la ley aprobada por el Parlamento, imponiendo sanciones a la jerarquía que no cumpla con ese plazo.
De manera adicional, Chaves había presentado un veto hace unas semanas contra un proyecto destinado a fortalecer la pensión del Tribunal de Justicia del Pueblo (OIJ) después de 55 años. Las acciones del presidente han desatado un debate amplio sobre el papel del ejecutivo en la legislación y el equilibrio de poderes dentro del gobierno.
