La oficial adjunta del fallo, Pilar Cisneros, expresó su malestar cuando se enteró de que la reforma constitucional que había sido propuesta con la finalidad de permitir un referéndum sobre pensiones, especialmente aquellas que son calificadas como «lujosas», había sido rechazada. Este tipo de pensiones, que algunos consideran injustificadas, han sido tema de debate en la política reciente.

Recientemente se llevó a cabo una significativa reforma del artículo 105 de la constitución política de nuestro país. Esta reforma, conocida como «Deceto», tenía un objetivo claro: permitir que los ciudadanos decidiesen si deseaban abolir las pensiones que han generado polémica. Se esperaba que con el referéndum pudiera dar voz a la población sobre este asunto tan sensible.

Sin embargo, el progreso de esta reforma se vio estancado. De acuerdo con reportes, Observador mencionó que la decisión sobre continuar con el proyecto fue negativa. La situación se complicó aún más cuando, el miércoles, el documento destinado a la reforma fue sometido a su tercera lectura. Los votos realizados en dicha acción indicaron que tan solo 16 representantes estaban a favor de la propuesta, frente a 25 que se manifestaron en contra, lo que resultó en que la iniciativa cayera en el olvido.

«La lista va al archivo», proclamó Carlos Felipe García, quien actúa como presidente interino del Parlamento, y también se desempeña como secretario de la Legislatura. Estos comentarios vinieron después de la sesión crucial que dejó claro el destino de la reforma.

Los partidos que se mostraron a favor de este fallo incluyeron a Pusc y la Nueva República, mientras que los que votaron en contra fueron el PLN, Frente Amplio, PLP y varios suplentes independientes. Esta disparidad entre los grupos políticos subraya las divisiones ideológicas en torno al tema de las pensiones y su impacto social.

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Un monto millonario

Para Cisneros, la negativa a continuar con el procesamiento de la reforma constitucional se traduce en lo que ella misma califica como «un robo» de 265,000 millones. Esta cantidad representa un gasto anual que podría ser utilizado mucho mejor en otras áreas, como infraestructura y servicios públicos.

“Si de verdad estuviéramos alineados con la constitución y la ley, que establece que todos somos iguales ante la ley, no deberían existir pensiones de lujo. No debería haber ni una”, afirmó Cisneros en su intervención en la legislatura.

Reconoció que el costo de estas pensiones asciende a 265 mil millones anuales, un monto exorbitante que, según ella, «roba» recursos que podrían perfectamente ser invertidos en la mejora de carreteras, educación, seguridad, becas y mucho más. En este punto, Cisneros utilizó el debate del jueves relacionado con la construcción y reparación de puentes como una oportunidad para reiterar sus preocupaciones respecto a la asignación de fondos.

Se mostró sorprendida de que se deseen mantener sumas tan elevadas destinadas a personas que no han contribuido proporcionalmente durante su vida laboral, mientras que dicho dinero podría ser redirigido a mejorar la infraestructura y el bienestar general del país.

La votación sobre este asunto fue definitiva, cerrando la puerta a las reformas que habían sido propuestas desde abril de 2023, las cuales desde este momento se consideran muertas en el ámbito legislativo.