Recientemente, los agentes de la Agencia de Investigación Judicial (OIJ) ejecutaron un total de 22 operaciones que se vinculan directamente a las indagaciones sobre una presunta prima en relación con el manejo del acuerdo para la rehabilitación de la pista del aeropuerto de Liberia. Este despliegue culminó en el arresto del ex ministro Mauricio Batalla, quien ocupó un papel clave en el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT).

La captura de Batalla se llevó a cabo en su residencia, en un operativo realizado en la mañana del martes 13 de mayo, específicamente a las 8:30. Este movimiento estratégico de la OIJ se inscribe dentro de un contexto más amplio de lucha contra la corrupción dentro de las instituciones públicas, haciendo hincapié en la necesidad de cumplir con la transparencia y la legalidad en la gestión de recursos del Estado.

En el marco de estas acciones, también fueron detenidos otros individuos cuya relevancia en el caso no pasa desapercibida:

• Alejandro Picado, actual presidente del CNE.
• Marcos Castillo, quien se desempeña como Director de Aviación Civil.
• Un hombre identificado como Villalobos.

Investigación

La naturaleza de las investigaciones se centra en una serie de presuntas irregularidades en torno a la declaración de emergencia que permitió la rehabilitación del pavimento de la pista del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, ubicado en Liberia. Este proceso está siendo examinado bajo el expediente con número 24-000454-1218-PE, el cual ha despertado un interés considerable tanto en medios de comunicación como en el ámbito político.

El tribunal acusador ha argumentado que la justificación para el estado de emergencia fue manipulada. Específicamente, se alega que los daños a la pista fueron presentados como resultado de un capó de tormenta tropical y de otras ondas tropicales que azotaron el país en el año 2022. Sin embargo, las pruebas sugieren que estos daños podrían haber sido el resultado de situaciones que no estaban relacionadas con fenómenos naturales, lo que cuestiona gravemente la veracidad de las denuncias.

Este evidente desvío en la gestión pública permitió que se tomara una decisión ejecutiva que incluyó a Liberia en la emergencia nacional, facilitando así un contrato que asciende a la impresionante cifra de $39.9 millones. Es fundamental señalar que, en los casos donde se accede a una declaración de emergencia, los procedimientos asociados a la ejecución de estos trabajos se simplifican. Esto implica que se pueden llevar a cabo en el menor tiempo posible, garantizando la disponibilidad inmediata de los recursos, y lo más relevante: no es necesaria la aprobación previa del controlador general de la República (CGR).