San José, abril (Elmundo.cr) – El diputado del Frente Amplio, Antonio Ortega, ha respondido de manera contundente a la reciente queja internacional que se ha interpuesto contra Costa Rica, relacionada con una presunta violación de los derechos humanos de los migrantes que han sido deportados de los Estados Unidos. Esta queja ha sido formulada ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, un organismo que tiene la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Ortega levantó la voz al cuestionar al gobierno actual, preguntando: «¿Quién aceptará las responsabilidades para esta queja?» Esta pregunta se dirige directamente a las autoridades del poder ejecutivo, enfatizando la necesidad de una respuesta clara y responsable ante la comunidad internacional. La situación es especialmente delicada, pues la legitimidad y la imagen de Costa Rica en el panorama global dependen significativamente de cómo se manejen estas quejas sobre derechos humanos.
El diputado también hizo hincapié en las posibles repercusiones diplomáticas que podría enfrentar el país como resultado de este tema. «¿Y por la pérdida de legitimidad de Costa Rica a nivel internacional, quién mostrará la cara?» mencionó, refiriéndose específicamente al impacto negativo que esta situación puede tener sobre la reputación del país, que históricamente ha sido un defensor de los derechos humanos y ha mantenido una postura activa en su promoción y protección.
La queja presentada indica que un total de 81 menores migrantes, algunos de ellos con tan solo dos años de edad, han pasado casi dos meses en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEMAS), situado en corredores, Puntarenas. En este centro, los menores no han tenido acceso a la educación, a la atención psicológica necesaria, ni a servicios adecuados en sus idiomas indígenas, lo que ha suscitado una gran preocupación tanto a nivel nacional como internacional.
El diputado Ortega ha expresado su descontento con importantes figuras del gobierno, señalando específicamente al ministro de Relaciones Exteriores, Rodrigo Chaves, y al embajador de Costa Rica en Estados Unidos, Mario Zamora, así como a Catalina Crespo. La insistencia del legislador en obtener claridad sobre quién asumirá la responsabilidad política muestra la severidad del asunto y la necesidad de accountability en este contexto.
Si se comprueban las violaciones de derechos, el panel de expertos de la ONU podría emitir una guía de no vinculación, lo que potencialmente podría traer consecuencias graves para el país. Ortega subrayó que ignorar esta guía sería «una desgracia para un país caracterizado por defender los derechos de los niños y los derechos humanos».
La situación ha sido monitorizada de cerca por el Defensor del Pueblo, así como por diversas organizaciones internacionales, entre ellas Human Rights Watch. Estas organizaciones ya han manifestado su preocupación por las condiciones en que se encuentran los menores migrantes, lo que pone aún más presión sobre el gobierno tico para abordar esta crisis con urgencia y efectividad.
Ortega concluyó con una advertencia sobre el rumbo que está tomando el gobierno: «Este gobierno está llevando al país por un camino que nos aleja de nuestros principios más fundamentales. Las consecuencias pueden ser irreparables».
