Un total de 23 individuos estarán bajo la sospecha durante un periodo de seis meses debido a su presunto involucramiento en un sofisticado esquema de estafa telefónica, que ha logrado el robo de ₡ 125 millones a seis víctimas. Esta situación ha suscitado inquietud y preocupación en la sociedad, ya que las técnicas utilizadas por los estafadores son cada vez más complejas y difíciles de detectar.

De acuerdo con la información proporcionada por la Oficina del Fiscal, los integrantes de este grupo delictivo habían logrado el visto bueno de diversos oficiales vinculados a instituciones bancarias, municipales y de otros empleadores. Este respaldo, aunque ilegal, evidencia la seriedad y el alcance de la red creada por los estafadores, la cual fue capaz de engañar a numerosas personas en diferentes localidades.

Las operaciones de esta red se desarrollan a partir de un centro de llamadas que funciona en varias regiones, incluidos puntos como La Sabana, Casas de San José, Carthago, San Carlos y Guatuso. Estos lugares han sido señalados como núcleos operativos donde se constituían los engaños, afectando tanto a ciudadanos de la zona como a otros fuera de ella. A través de estas instalaciones, los estafadores podían comunicarse con las víctimas y llevar a cabo su plan delictivo con cierta impunidad.

En el centro de toda esta actividad delictiva se encuentra un líder del grupo, identificado como Tencio Rodríguez. Este individuo tiene un pasado criminal notable, con condenas previas por delitos graves que incluyen intento de homicidio calificado y robo agravado. Actualmente, Rodríguez cumple su condena en una celda del Centro Nacional de Atención Especializada, desde donde, irónicamente, se dirigían parte de las operaciones fraudulentas. Esta situación ejemplifica la audacia de los criminales que, incluso desde dentro del sistema penitenciario, logran orquestar estafas y continuar con sus actividades delictivas.

La captura de los 23 sospechosos tuvo lugar el 27 de noviembre, como resultado de una serie de allanamientos realizados en las áreas previamente mencionadas. La acción policial se llevó a cabo tras una investigación exhaustiva que buscaba poner fin a las actividades del grupo. Este tipo de operaciones es crucial para el bienestar de la población, ya que pone en evidencia el riesgo al que están expuestos muchos ciudadanos ante estas organizaciones fraudulentas.

«Los hechos delictivos, en perjuicio de seis víctimas, ocurrieron entre los años 2021 y 2023, cuando los sospechosos establecieron contacto telefónico con diversas personas, logrando obtener información bancaria confidencial y compartiendo enlaces a sitios web que autorizaban el acceso a sus cuentas», explicó la oficina del fiscal. Este tipo de modus operandi es alarmante y demuestra la necesidad de una mayor educación en seguridad financiera.

En consecuencia, una vez que los sospechosos lograron reunir la información necesaria, transfirieron los fondos robados a cuentas designadas por el grupo para posteriormente retirar el dinero en efectivo desde diferentes cajeros automáticos. Este método minucioso y bien planeado demuestra el nivel de organización y la falta de escrúpulos de los implicados. El caso se encuentra actualmente en proceso de investigación bajo el archivo correspondiente 21-002236-0060-PE, lo que permitirá a las autoridades reunir más pruebas y buscar justicia para las víctimas afectadas.