El presidente Rodrigo Chaves, junto con la Ministra de Planificación Marta Esquivel, han hecho un llamado a la reflexión ante el proyecto de ley que propone la creación de un mandato para el Defensor del Pueblo en relación al Poder Judicial. Este proyecto, que incluye la propuesta de rescindir el Fondo de Pensiones Judiciarias, ha despertado una serie de preocupaciones entre los funcionarios y trabajadores del sector judicial.

Chaves abordó la importancia de que se mantenga la estabilidad en el sistema de pensiones, asegurando que el gobierno se encuentra comprometido en encontrar soluciones a los problemas surgidos durante las sesiones legislativas. En este sentido, el mandatario comentó: “Es vital para el bienestar de muchos que se evalúe la idoneidad de este proyecto de ley, y es por ello que hemos considerado necesario proponer una alternativa que rescinda el fondo de pensiones original y, en su lugar, permita el apoyo al fondo de pensiones para el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)”.

Con esta modificación, los afiliados podrían obtener derechos en tres ámbitos fundamentales: discapacidad, vejez y muerte. Sin embargo, Chaves expresó su preocupación acerca de la decisión de aceptar la propuesta original. Señaló la falta de especificidad acerca de la proveniencia de los fondos necesarios para financiar estas jubilaciones. Esta ambigüedad se percibe como un riesgo a futuro.

Adicionalmente, el presidente hizo un llamado a la atención de los funcionarios del Poder Judicial, advirtiéndoles que la eliminación de estas pensiones podría afectar negativamente a un determinado grupo dentro del mismo.

El martes, el presidente Chaves dio su aprobación a una ley que fue discutida y aprobada en la Asamblea Legislativa, la cual reduce la edad de jubilación para los funcionarios del Tribunal de Justicia, permitiendo que algunos puedan renunciar a los 55 años. Esta medida fue presentada inicialmente en el año 2021 por el legislador Donoulescu y fue avalada posteriormente por la diputada libertaria Alejandra Larios.

El 22 de abril, 40 suplentes votaron a favor de esta decisión, aunque esta votación no fue unánime, ya que algunos legisladores se manifestaron en contra. Un grupo de estos legisladores ha manifestado su intención de recuperar las leyes anteriormente desecharas, buscando los votos necesarios para impulsar dicho proceso.

Las razones

En una conferencia de prensa impartida el miércoles, el gobierno tuvo la oportunidad de exponer las razones que los llevaron a vetar el proyecto de ley en cuestión. La ministra Marta Esquivel indicó que el fundamento principal para el veto se encuentra en la estructura de gobernanza que el proyecto pretendía establecer, ya que esto violaría el Artículo 33 de la Constitución Política, el cual promueve la igualdad entre los diferentes cuerpos de seguridad y el Poder Judicial.

Además, Esquivel puntualizó que el Fondo de Pensiones Judiciales ha estado colapsando desde el año 2017, cuando se hicieron necesarios cambios para garantizar su sostenibilidad. En este contexto, tanto el presidente Chaves como la ministra coinciden en que las reformas actuales son fundamentales para preservar la sostenibilidad lograda en 2017.

Por su parte, Randall Zúñiga, director del OIJ, defendió la idea de que el último informe actuarial indica que la solvencia del fondo se encuentra en un 97%, lo que es un avance en comparación al 84% que se registró hace alrededor de dos meses. Este dato proviene del estudio actuarial de 2020, que era el más reciente hasta la fecha.

Zúñiga también argumentó que los funcionarios del OIJ perciben hasta tres veces más en términos de contribuciones que otros servidores públicos. “Es importante considerar que todos los servidores públicos que se jubilan en la actualidad dejan de ser citados por discapacidad, fallecimiento o viajes, y, en el caso específico de los funcionarios del OIJ, continuarán aportando un 13% de sus ingresos al fondo de pensiones tras su retiro”, señaló Zúñiga.

Van a ir

El gobierno ha argumentado que esta iniciativa tiene como meta garantizar que aquellos que estén cerca de la edad de jubilación cuenten con la experiencia necesaria para su adecuada labor dentro del OIJ. Se mencionó que esta medida podría tener un impacto negativo en la disponibilidad de personal experimentado, vital especialmente en casos de criminalidad organizada y grupos pandilleros que afectan a la seguridad pública.

Randall Zúñiga destacó que, en el horizonte de 2024, el OIJ podría perder aproximadamente 300 funcionarios especializados, lo que representaría una considerable disminución en la experticia jurídica dentro de la institución, teniendo en cuenta que muchos de ellos han estado en el sistema desde 2018.

Finalmente, el gobierno remarcó que, dado que el Fondo de Pensiones Judiciales no es sostenible, su financiación deberá ser cubierta por el presupuesto nacional. “Los beneficios ofrecidos tienen respaldo financiero que es costoso, dado que el Poder Judicial no produce bienes como tal; se financia a partir de lo que aporta la renta de los costarricenses. Por lo tanto, en el momento en que surjan problemas económicos, la carga recae en la población”, explicó el Ministro de Finanzas, Nogui Acosta.

Siga más: “Vamos a buscar los votos para el resto”; Los diputados reaccionan al nuevo veto del presidente Chaves